No existen dudas sobre las limitaciones que hoy presenta la sociedad civil cubana, para tener protagonismo en la construcción de la política del país. Esta responsabilidad, que inclusive desde un punto de vista ético y moral atañe a cada miembro de la sociedad, en la práctica recae como privilegio en los hombros de una minoría.
Cualquiera diría que lo anterior es sinónimo de una grave enfermedad de la “democracia” cubana, o que es el principal problema al que debemos enfrentarnos aquellos que soñamos con un sistema con reales estándares de sinergias entre sociedad civil y Estado, en la construcción de la política y de sociedad en general. Sin embargo, otras cuestiones merecen especial atención, por constituir no solo factores condicionantes de la construcción prácticamente “unilateral” de la política[1], sino también por instituir algunos de los nefastos resultados de esa problemática.
El éxito del Estado en la centralización del poder para la construcción de la política en Cuba, puede ser entendido a partir de varios aspectos. Uno de ellos es la naturaleza de las relaciones entre sociedad civil y Estado, caracterizada por cierta hibridez entre centralización/descentralización; democratización/desdemocratización, por solo citar algunos conceptos. Pero no es una hibridez que funciona de forma asimétrica, antagónica. Todo lo contrario, esta funciona de forma simultánea, dialéctica, compleja.
El famoso documento “Lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución” puede ser considerado un claro ejemplo de esa compleja relación. Un teatro bien montado fue el proceso de definición y construcción de esos lineamientos que, a fin de cuentas, contribuyeron para legitimar venideras decisiones gubernamentales. Recuerdo claramente un lineamiento: “luchar contra la corrupción”. Fue un aspecto en que todo el pueblo cubano concordó, pero nadie debatió ni decidió sobre cómo luchar contra ella. Esos modos fueron concebidos exclusivamente por el Estado. Por solo citar un ejemplo, las formas de “combatir” la corrupción en la Dirección Municipal de Vivienda en Varadero (derrumbando las casas que fueron autorizadas a construir por la propia entidad), han sido un claro indicador de las tentativas legitimadoras de ese documento. La hostilidad en las acciones y actitudes de muchos funcionarios delante del derrumbe de las casas o partes de ellas hechas con el sacrifico de sus propietarios, fueron justificadas con que: “estamos luchando contra la corrupción, como mismo decidimos en los Lineamientos”.
La estructura local para la participación social es otra de las realidades que contribuye para enmascarar la desdemocratización de la política, con base en una supuesta democratización que intenta manifestarse en la existencia de Consejos Populares, Delegados de circunscripción, Rendiciones de cuentas, etc. En la práctica, estos actores y espacios facilitan la creencia de empoderamiento de la sociedad civil, por el hecho de reunirse y debatir sobre ciertos temas, mientras se mantienen intactas las incapacidades de dicha sociedad para influir en la configuración del país como un todo. Pero, en este enmascaramiento, influyen otros factores, como es la esencia de las formas de cultura política de la sociedad civil, construida a partir de 60 años de monopolio estatal. Una cultura política donde la sociedad no se descubre como referente de la política, menos como ente activo en la configuración de la misma, limitando así el desarrollo de debates críticos e acciones capaces de presionar, controlar y movilizar las fuerzas políticas en aras de una verdadera revolución.
En esas condiciones, de limitada capacidad cognitiva, simbólica para ejercer un papel crítico y activo en la construcción de una sociedad más justa y emancipada, cualquier estructura participativa como la antes citada, constituye un mero ejemplo de maniqueísmo democrático. ¿De qué sirven, por ejemplo, las Rendiciones de cuentas, las Sesiones de la Asamblea Municipal, los Delegados de circunscripción y etc., si en realidad no existen suficientes capacidades para que los mismos funcionen de forma adecuada como ejemplo de distribución real de poder?
Estas son solo algunas de las características de esa relación híbrida entre democracia - no democracia que ha favorecido la manutención del monopolio estatal en Cuba sobre la configuración de la política. No obstante, la esencia de esta relación nos revela otros elementos importantes a considerar. Entre ellos:
· El modo en el Estado cubano ha actuado no necesariamente para distribuir poder en los diferentes sectores de la sociedad, sino para desarrollar estrategias que sean funcionales para sus propósitos: manutención del orden y del poder;
· La importancia de analizar las funciones sociales que esconden las decisiones y/o estructuras supuestamente democráticas o participativas;
· El énfasis del gobierno cubano en enaltecer la institucionalidad como referente de la democracia, en vez de los (as) ciudadanos (as).
Todas estas reflexiones, demuestran que las estrategias supuestamente democratizantes de la política (los lineamientos, las Rendiciones de cuentas, etc.), en verdad contribuyen para desdemocratizar otros procesos, realidades, que constituyen los aspectos centrales de una real distribución de poder. De esa manera, se favorece la manutención y legitimación del autoritarismo en las decisiones sobre asuntos importantes, así como el estancamiento de las incapacidades de la sociedad civil para decidir sobre asuntos prioritarios. Es así como el régimen cubano ha conseguido mantener la construcción de la política concentrada en una minoría, haciendo de la relación entre democratización-desdemocratización, la principal herramienta para disciplinar el pueblo cubano, sembrando pasividad política delante del papel transformador que les corresponde. Por ello, más que creer en lo que dicen sus funcionarios y defensores, es mejor discurrir sobre lo que silencian.